El servicio de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia viene de constatar las irregularidades denunciadas por la CIG en la residencia de la tercera edad Monte Tecla de A Guarda y que afectan a la atención que se presta a las personas usuarias. El departamento autonómico comunicó la apertura de un expediente por las deficiencias detectadas en el centro, pero evitó concretar las sanciones a la empresa.
En el escrito remitido a la Consellería de Política Social a finales del año pasado la central sindical denunciaba, entre otras irregularidades, que el personal del turno de noche era el encargado de la higiene diaria de algunas residentes, por lo que estas tareas se realizan hacia las cuatro de la mañana o que el centro emplea el espacio de enfermería como zona de descanso nocturno de personas usuarias cuando acepta plazas de más, cuando hace reformas en los cuartos o para alojar a personas dependientes que carecen de familia.
Otras deficiencias tienen que ver con la falta de mantenimiento tanto de las instalaciones como del propio material de trabajo, hasta el punto de que por ejemplo las grúas de apoyo para las duchas o las sillas de ruedas para el traslado de las personas dependientes no funcionan correctamente.
En consecuencia, la CIG-Servicios solicitaba que se investigaran los hechos, se procediera a sancionar a la empresa y se llevara a cabo un seguimiento para evitar este tipo de conductas. En su respuesta la Inspección de Maiores reconoce la existencia de estas irregularidades en el funcionamiento de la residencia y asegura que el personal inspector requirió su enmienda, como si estuviese tramitando un expediente, pero sin concretar las sanciones a la empresa.
En cuanto al seguimiento solicitado por la central sindical para evitar estas conductas que comprometen la calidad de la atención a las personas mayores, el departamento autonómico se limitó a contestar de manera genérica que “por parte de este servicio se hace un seguimiento continuo a centros que prestan servicios sociales a través de las oportunas inspecciones, al objeto de controlar el cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles y de calidad”. Una labor inspectora que en el caso de la residencia Monte Tecla no sirvió para detectar las irregularidades puestas de manifiesto por la representación sindical de la CIG.
