La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes, en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de marzo, una moción presentada por el Grupo Popular para mostrar el apoyo de la Diputación a la candidatura de la ciudad de Vigo para convertir el estadio de Balaídos en sede del Mundial de fútbol del 2030, exigir a la RFEF que haga públicos los criterios de baremación y las puntuaciones técnicas de todas las ciudades que aspiraban a acoger partidos de la fase final de esta competición y demandar el establecimiento de conversaciones directas y un trabajo técnico riguroso entre el Concello y la RFEF para abordar el procedimiento llevado a cabo para la designación de las sedes con el objetivo de esclarecer los hechos. A la hora de votar esta propuesta, presentada por el procedimiento de urgencia, los grupos del PSOE y BNG rechazaron participar en el debate y votación, y abandonaron el salón de plenos.
Durante la sesión, también se votó una modificación de crédito por valor de 4,2 millones de euros que servirán para ejecutar obras de mejora en centros de titularidad de la Diputación, la puesta en marcha de un nuevo curso de Smartpeme, acatar una sentencia favorable al Concello de O Porriño relacionada con el programa ReacPon del año 2021 y repartir subvenciones a distintas entidades del ámbito social, cultural, científico, deportivo o empresarial que prestan servicio en la provincia. Asimismo, la sesión sirvió para la aprobación por unanimidad de la modificación de los proyectos del PON2030 de los ayuntamientos de Nigrán y Tui, así como el proyecto definitivo para el ensanche y mejora de la seguridad vial de la EP-2702 entre Amoedo y Os Valos, en el término municipal de Pazos de Borbén. Del mismo modo, salieron adelante dos mociones presentadas por el Grupo Popular para pedir al Gobierno el dragado del río Miño y saldar la deuda del Gobierno con Galicia en el sistema de dependencia.
El pleno comenzó con la lectura de un discurso a cargo de un portavoz de los vecinos de Bueu que reclaman una mejora en el entorno de Cabo Udra, que el presidente Luis López ya había adelantado hace una semana al alcalde Félix Juncal que ejecutará este mismo año. La sesión continuó con la aprobación, con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de los grupos socialistas y nacionalistas, del expediente de modificación de crédito, la segunda del año, por un importe total de 4,2 millones de euros que se financia con cargo a remanentes líquidos de tesorería. Este acuerdo sirve para poner en marcha inversiones que se destinarán, entre otros fines, a la puesta en marcha de un nuevo programa Smart Pyme (1,1M€), a la mejora de centros de titularidad de la Diputación como el Centro Vacacional de A Lanzada (150.000€), Príncipe Felipe (168.800€), Santa Clara (360.000€), Palacete de las Mendoza (98.000€) y otras intervenciones en dependencias provinciales (323.000€). Otro de los pilares que sustentan esta modificación de crédito está en la concesión de subvenciones a entidades de todos los ámbitos que prestan servicio en la provincia, es el caso de: Cámaras de Comercio (25.000€), Pont-Up Store (15.000€), Protección Civil (100.000€), Fundación Banco de Alimentos (10.000€), Universidade de Vigo (55.000€ a través de dos proyectos), UNED (40.000€), ayudas a deportistas de alto nivel (130.000€) o ampliación de los fondos del programa +Talento Motor 2025 (12.000€). Asimismo, el Museo de Pontevedra recibe también una inyección de 400.000 euros para la organización de la Bienal de Arte de Pontevedra.
Esta modificación de crédito aporta también los fondos necesarios para la ejecución del proyecto de Humanización de la calle Antonio Palacios, en el Concello de O Porriño, valorado en 645.000 euros. Con respecto a este asunto, el pleno aprobó por unanimidad ejecutar la sentencia del TSXG para incluir este proyecto entre los beneficiarios del programa ReacPon, del que había sido excluido en el año 2021 y que posteriormente la Justicia le dio la razón.
Dragado del Miño y mejora del sistema de dependencia
En el apartado de mociones, también fue aprobada con el apoyo del grupo de gobierno y del BNG la moción para reclamar al Gobierno de España el pago de la deuda histórica del Sistema de Atención a la Dependencia en base a lo recogido en la ley de este ámbito, aprobada en el año 2006, y que asciende a 2.500 millones de euros para la Comunidad de Galicia, de los que 771 millones corresponden a la provincia de Pontevedra, exigir al Gobierno que cumpla con la financiación del sistema y que cese de inmediato en los recortes a las aportaciones de Galicia para sufragarlo tras disminuirlas en más de cinco puntos porcentuales en los años 2023 y 2024. Igualmente se aprobó la petición del Grupo Popular para solicitar al Gobierno central el dragado del Río Miño a su paso por los ayuntamientos de la provincia. Por el contrario, fue rechazada la petición del PSOE para instar a la Xunta a la gratuidad del aparcamiento del futuro Hospital Gran Montecelo.
Otros asuntos del orden del día que salieron adelante fueron la modificación de los pliegos reguladores del procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de seguridad y vigilancia en los centros de la Diputación y el reinicio del plazo de licitación, la modificación del cuadro de personal del Consorcio Provincial de Pontevedra para la prestación del servicio contra incendios y salvamento y la creación del puesto de director o directora de Turismo.
Streaming
Durante la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, el sistema de retransmisión en línea de los plenos sufrió un problema técnico que provocó la caída de la emisión. Con todo, la sesión completa está disponible para su visionado de este enlace.
