El grupo municipal del PP de Vigo forzará al gobierno de Abel Caballero a dar explicaciones en un pleno extraordinario sobre la “gravísima sentencia” emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad en relación al “caso Guns N Roses”. Un fallo que condena al Concello de Vigo a pagar cerca de dos millones de euros a la promotora del grupo musical por el concierto ofrecido en el estadio de Balaídos en junio de 2023.
Tal y como anunció este jueves el portavoz popular en el Concello olívico, Miguel Martín, la solicitud se ha registrado superando el apoyo mínimo de necesario -un cuarto de la corporación municipal (siete concejales)- para obligar al alcalde a convocar dicha sesión extraordinaria. El escrito presentado cuenta con la firma de los cinco ediles del PP y los tres del BNG, formación que se ha sumado a la iniciativa del grupo popular. El regidor local dispone ahora de cuatro días hábiles para fijar la fecha que considere oportuna, en el plazo máximo de 15 días hábiles y siempre con dos días hábiles de margen desde que se formula la convocatoria.
En este sentido, Martín ha explicado que el registro no se ha efectuado hasta este 20 de febrero para impedir que Caballero tuviera “la más que presumible tentación” de pegar la celebración de esta sesión extraordinaria a la ordinaria del mes de febrero, con el objetivo de “diluir y minimizar su impacto”. “Un pleno extraordinario debe tener una entidad propia bien definida y estar plenamente diferenciado, además de unos turnos de intervención con el doble de tiempo que en una sesión ordinaria. Porque, si no, se pervierte el sentido de estos plenos”, ha precisado.
El concejal del PP de Vigo ha detallado que los acuerdos que se plantean en el escrito exigen que los ediles directamente involucrados en el caso, Patricia Rodríguez y Pablo Estévez, dimitan o sean destituidos. Además, se insta a Caballero a pedir perdón a la ciudad por el daño causado a su imagen como sede de grandes eventos. Del mismo modo, se requiere la constitución de una comisión de investigación para “conocer al detalle todo lo relacionado con este escándalo, porque todavía hay mucho que saber al respecto” de cara a “depurar hasta el final las correspondientes responsabilidades políticas”. Finalmente, se propone desplegar “una serie de medidas de control de la transparencia” para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
Sin explicaciones a la ciudad
Martín también ha criticado que Caballero aún no haya dado explicaciones públicas a la ciudad a través de los medios de comunicación locales y aceptando las preguntas de la prensa. “Pero aún es más lamentable que el señor Caballero le faltara al respeto a la ciudad y a esta institución, y que sus primeras palabras sobre este asunto fueran en un programa de la televisión nacional. Es absolutamente inaceptable. El señor Caballero se debe, en primer lugar, a los vigueses y a las viguesas, y no a la audiencia de Risto Mejide. Porque el señor Caballero es ante todo alcalde y no tertuliano”, ha reprochado.
Además, ha remarcado que la versión ofrecida por el regidor socialista en ese espacio televisivo fue “todo mentira”, tal y como demostró el propio Martín interviniendo en directo posteriormente para “desmontar cada una de las falsedades con la sentencia en la mano”.
Querella
A preguntas de los medios de comunicación, Miguel Martín se ha referido a la información publicada este mismo jueves sobre la inadmisión a trámite de la querella de un particular relacionada con este caso y presentada hace varios meses. “No es casualidad que esto salga publicado hoy. Suena a ruido e intoxicación. Pero no es lo mismo que esa inadmisión se haya producido antes de la sentencia que acredita la chapuza que fue todo este proceso administrativo. Es evidente que ahora hay un precedente del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Vigo. Ya no sería lo mismo que a partir de ese momento se presente otra demanda penal”, ha expuesto.
En este sentido, ha informado de que el caso está en manos de los abogados del PP y “serán ellos quienes tomen la posible decisión” de que el propio Partido Popular acuda a otra instancia judicial para pedir responsabilidades penales. A este respecto, ha mostrado su deseo de esperar a una valoración “técnica”.
“El alcalde tiene que dar explicaciones a las viguesas y a los vigueses por este escándalo sin precedentes, no a Risto Mejide”
El frente nacionalista busca depurar responsabilidades ante el silencio del Gobierno local en relación a las irregularidades en la contratación del concierto acreditadas en el fallo judicial. “La motivación de este Pleno extraordinario es obligar el alcalde a dar las explicaciones que todavía no fue capaz de ofrecer y también avanzar en la asunción de responsabilidades a nivel político”, defendió en rueda de prensa el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, quien reprobó la “opacidad” del propio regidor transcurridos 20 días desde que se hizo pública la sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo.
Igrexas reprochó que Caballero solo había respondido sobre el asunto en un programa de televisión a nivel estatal con “abiertas falsedades” y en un “nuevo insulto a la inteligencia” de las viguesas y de los vigueses. “El alcalde tiene que dar explicaciones a las viguesas y a los vigueses por este escándalo sin precedentes, no a Risto Mejide”, exigió.
Cese de Patricia Rodríguez
El portavoz municipal nacionalista insistió en el cese inmediato de la concejala de Contratación, Patricia Rodríguez Calviño, por su directa responsabilidad en la simulación de un falso concurso público para el patrocinio publicitario del concierto elaborado a medida, como acredita el fallo judicial. “Continúa inexplicabelmente y de manera insostenible en términos de higiene democrática al frente del área de Contratación”, afeó. En el caso del edil Pablo Estévez, piden depurar responsabilidades por su papel en la tramitación irregular de la carta de interés remitida a la promotora.
Comisión Especial de Investigación
Desde el Bloque consideraron también imprescindible crear una Comisión Especial de Investigación con el objetivo “de llegar hasta el final para conocer la verdad caiga quien caiga”. Igrexas aseguró que el PSOE no debería tener inconveniente en permitirla si no tiene nada que ocultar y advirtió que “bloquear este acuerdo supondrá de manera clara una autoinculpación del Gobierno de Abel Caballero”.
En la misma línea de reforzar los mecanismos de control municipales, el frente nacionalista reiteró la solicitud de que se constituya la Comisión del Pleno de Vigilancia de la Contratación, que tiene carácter legalmente obligatorio, así como ordenanza municipal de transparencia en la gestión y una Oficina Municipal Anticorrupción.
“Es el momento de desplegar medidas efectivas de tolerancia cero frente a cualquier práctica irregular o riesgo de corrupción, toda vez que la propia Intervención municipal ha reconocido en informes oficiales que carece de los medios necesarios para ejercer plenamente sus funciones de fiscalización”, explicó. “Frente al silencio y la opacidad del Gobierno municipal, el BNG queremos poner luz democrática para que nunca más en esta ciudad el Concello sea condenado por arreglar contratos”, añadió.
Evitar la impunidad de Caballero
El portavoz municipal aclaró también que el Bloque acordó convocar el Pleno extraordinario junto con el PP “anteponiendo el interés público y el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad por encima de las enormes diferencias y de la distancia sideral” que separa ambas formaciones políticas. Así, el artículo 44 del Reglamento Orgánico del Pleno permite la solicitud de estas sesiones extraordinarias con el apoyo de 7 de las y de los 27 ediles de la Corporación.
“Esta exigencia provoca que, para evitar que el rodillo absolutista del PSOE en el Pleno instale en la impunidad política este escándalo, estemos obligados como ya sucedió en otras ocasiones como el caso Cuñada a que la solicitud de Pleno tenga que ser suscrita por más de un grupo municipal”, subrayó Igrexas.
El portavoz nacionalista aseguró que ese es “el único motivo” para el BNG suscriba esta solicitud conjunta. “Si de algo no puede ser abanderado el PP es de la transparencia, ni de la lucha contra la corrupción, ni en el combate contras las prácticas irregulares de la contratación”, criticó recordando el papel de los populares en la investigación del sobrecoste de 470 millones de euros en la privatización del Hospital Álvaro Cunqueiro, o en la trama de 1.300 contratos a dedo por importe de 7 millones de euros en favor de una empresa dirigida por la hermana de Feijóo.
