El comité de empresa de BorgWarner puso en marcha un calendario de movilizaciones en los tres centros de trabajo (Vigo, Porriño y Nigrán) ante el incumplimiento sistemático por parte de la dirección de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva y de la normativa laboral vigente y para reclamar la readmisión de un trabajador temporal despedido “de manera fraudulenta”.
Desde la representación sindical (integrada por 10 delegados/as de la CIG, 6 de la UGT, 2 de la CGT, 2 de la USO y uno de CCOO) acusan a la dirección de utilizar como estrategia la demora de las comisiones de trabajo recogidas en el convenio colectivo para incumplir con lo acordado, “teniendo el comité que recurrir asiduamente al procedimiento de mediación del AGA, hasta el punto de que en estos dos años ya tuvimos cuatro procesos”.
Borgwarner, que cuenta con un cuadro de personal de 900 personas en la empresa principal y de 120 en las subcontratas -la mayor parte de ellas en el centro tecnológico de Porto do Molle- aplica una clasificación de categorías profesionales al margen del convenio, “creando categorías y complementos de forma unilateral y con acuerdos en masa de carácter individual, vulnerando el derecho de negociación colectiva”.
Y además, algo aún más grave: incumple en su totalidad el segundo plan de igualdad, firmado en el año 2020, manteniendo y siendo partícipe de este modo de todas aquellas situaciones que son motivo de discriminación para la totalidad de las personas trabajadoras de la empresa, al tiempo que dilata la negociación del tercer plan de igualdad.
La empresa incumple también la normativa laboral en materia de contratación, en lo que tiene que ver con el porcentaje mínimo del cuadro de personal indefinido, lo que provocó el rechazo por parte del INSS de tres jubilaciones parciales con contrato de relevo por no cumplir con el 70% del personal indefinido a pesar de haber recogido en convenio un porcentaje de 75%. Pero también en la contratación de personal temporal en contratos de duración determinada en la modalidad de eventual por circunstancias de la producción, como acaba de declarar el Juzgado de lo Social de Vigo, “que reconoce el despido improcedente de un trabajador por la utilización fraudulenta de la normativa laboral”.
El comité, “harto ya de tanto incumplimiento en estas materias y otras más y ante la deriva mostrada por la dirección”, acordó por unanimidad iniciar una batería de medidas después de intentar dialogar con la empresa para reclamar la readmisión del trabajador. “Pero la dirección anunció recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sin poner encima de la mesa ninguna otra posibilidad”.
En este sentido, señalan que la postura “intransigente” de la dirección ante los incumplimientos es consecuencia del escaso coste económico que tienen para la empresa las sanciones interpuestas por la Inspección de Trabajo y por la Seguridad Social, “así como por las indemnizaciones que fija la normativa en materia de despido, lo que anima a BorgWarner a incumplir las normas y fijar condiciones laborales más precarias y lesivas”.
Es por eso que el cuadro de personal, después de las asambleas celebradas y de las concentraciones realizadas el pasado lunes 27 de enero en las puertas de los centros de trabajo, está convocado a seguir incrementando las medidas de presión: cumplimiento estricto de la jornada laboral diaria, la no realización de horas extraordinarias y concentraciones en el tiempo de bocadillo en los turnos de mañana y tarde delante de las oficinas principales del centro de Zamáns (Vigo). Las protestas comenzarán el próximo lunes 3 de febrero y se mantendrán hasta lograr el cumplimiento de la normativa laboral y de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva y la readmisión del trabajador.
Desde el comité hacen hincapié en que una empresa como BorgWarner, que recibe subvenciones, “no puede ni debe incumplir sistemáticamente la normativa laboral y los acuerdos firmados con la parte social”. Por lo que de seguir la dirección en la misma postura anunciarán medidas más contundentes para defender los intereses del personal, “llegando a pedir responsabilidades por la deriva mostrada en estos dos últimos años”.
