El comité de Política Industrial avalaba este lunes los Planes Directores para los sectores de la Automoción y del Naval presentados por la Xunta de Galicia. Planes emendados a la totalidad por la CIG que presentó un documento de análisis y propuestas alternativo, frente a lo que considera subvenciones millonarias para las empresas, sin contraprestación social alguna, y sin mecanismos para evitar nuevas deslocalizaciones. Un “cheque en blanco” al que la central sindical se opuso, “a pesar de las antidemocráticas maniobras de la consellería”.
La CIG denuncia que la Xunta, para impedir cualquier cuestionamiento público impuso como mecanismo que las organizaciones sindicales contaran como un solo voto, de modo que estando a favor CCOO y UGT, la oposición del sindicato nacionalista no quedara reflejada. Una cuestión que el secretario confederal de Empleo e Industria, Francisco González Sío, considera “vergonzosa”, tanto por parte de la administración, como de los otros sindicatos, por “avalar un documento que no contempla una sola media social” o, como en el caso de CCOO, “no presentar ni una alegación”.
En este sentido, González Sío rechaza, además, que la Xunta justificara esta decisión alegando que estos posicionamientos son consecuencia del diálogo social, lo que constata que “el diálogo social es la fosa común de los derechos laborales”.
El secretario confederal de Empleo e Industria de la CIG denuncia, por tanto, una “práctica antidemocrática para avalar unos Planes que van a destinar 185 millones de euros para el sector de la automoción y 85 millones para el sector naval, bajo las premisas de los propios clúster y sin medidas para hacer frente a la grave crisis industrial que atraviesan, como en el caso del automóvil, por la transición al vehículo eléctrico y por la pérdida de competitividad”, explica González Sío.
Junto a esto denuncia también que Galicia quedó fuera del reparto de los fondos Next Generation, “castigada, una vez más, por el propio gobierno del Estado y por la inutilidad e incapacidad de la Xunta para presentar proyectos que pudieran acceder a esas ayudas millonarias”.
Medidas frente a la crisis industrial y para frenar las consecuencias sociales
Frente los Planes de la Xunta, la CIG presentó un documento elaborado a partir de las conclusiones de las reuniones con los diferentes sectores, ante la pérdida de peso de la industria en el PIB y en la economía gallega. Propuestas que fueron rechazadas, en su totalidad, por la Xunta y que contemplan medidas para mejorar la calidad del empleo, haciendo estos sectores más atrayentes para que el talento del personal más formado no acabe en la emigración.
Junto a esto, el documento contempla la creación de una Mesa del sector naval y otra del sector de automoción fuera de las mesas de diálogo social, donde estén administración, sindicatos, patronales y universidades, para analizar la situación y poner propuestas concretas para poder afrontar la transición verde que está ahondando la crisis que sufren las dos industrias; un plan para rejuvenecer los cuadros de personal; la creación de empresas de capital público-privado en las que la administración defina las estrategias de cara al futuro y un plan de formación para las personas más jóvenes hacia los perfiles técnicos que va a necesitar el sector en la transición digital.
En el caso de la automoción, la CIG reclama, además, una planta de baterías, principal componente del coche eléctrico, toda vez que “todas las comunidades del Estado que fabrican coches o que están en el sector de la automoción van a tener una, menos Galicia, y las fábricas corren el riesgo de desaparecer”, matiza González Sío. Por eso, la central sindical demanda también nuevas plantas de componentes relacionadas con el coche eléctrico y un plan para salvar las plantas que puedan estar en peligro de cerrar por la obsolescencia de los componentes que producen.
Y a la vez que esto demanda que se busque carga de trabajo en los países del continente asiático: China en el caso del automóvil y en el caso del naval, abriendo el mercado a todos los países que especializados en la construcción naval en este continente, y que la Unión Europea obligue a que las empresas que reciban subvenciones no puedan llevar la fabricación a otros países donde se incumplen los requisitos medioambientales, sociales y laborales.
