Trabajadoras/es y delegadas/os de los Servicios de Ayuda en el Hogar (SAF) participaron hoy en la concentración convocada por la Secretaría das Mulleres y la CIG-Servizos de Vigo ante los juzgados de la ciudad para denunciar la nula prevención del acoso sexual en el sector coincidiendo con el juicio en el que una trabajadora reclama la rescisión de contrato por incumplimiento empresarial grave de las medidas de prevención. La compañía IDADES, que gestiona el SAF del Concello de Salvaterra de Miño, aceptó finalmente la rescisión de contrato e indemnizar a la trabajadora en los mismos términos que el despido improcedente.
Según explican desde la central sindical, la afectada le había advertido a la empresa en varias ocasiones de la situación de riesgo en un domicilio en el que prestaba servicio, “pero IDADES se limitó a contestar que ella era una persona con formación suficiente para afrontar lo que pudiera suceder”. Meses después la trabajadora sufrió una agresión sexual que la mantiene de baja por incapacidad temporal hasta la actualidad.
Tras la agresión la trabajadora presentó denuncia ante la Guardia Civil, del Concello de Salvaterra y de la propia empresa. Esta última activó al día siguiente el protocolo de acoso, “que finalizó sin tomar ninguna medida de prevención en el domicilio y ni siquiera comunicarle el resultado a la trabajadora”.
La Secretaría das Mulleres de la CIG de Vigo denunció los hechos en la Inspección de Trabajo, que el pasado 1 de abril emitió una resolución constatando el incumplimiento grave de la empresa en materia de salud laboral por la falta de evaluación del puesto de trabajo y de medidas de prevención hacia la trabajadora.
Trabajo de riesgo
Desde la central sindical hacen hincapié en que el trabajo de atención en el hogar provoca una fuerte carga física y psicológica, y es prestado en la práctica totalidad por mujeres que acuden solas a los domicilios en los que atienden a personas dependientes con diferentes tipos de patologías físicas y psíquicas, incluidas adicciones.
Esto hace que su labor tenga una exposición muy elevada a diferentes riesgos, especialmente a los psicosociales, acoso moral y acoso sexual, pero también a riesgos físicos que finalizan en lesiones musculares y esqueléticas derivadas de la manipulación de dependientes con poca movilidad.
A pesar de que las medidas de prevención por parte de las empresas adjudicatarias son nulas, limitándose a contar con un plan de prevención genérico que no evalúa las condiciones de cada domicilio. Y a pesar de que el número de accidentes y de agresiones en el sector es muy alto las empresas no cuentan siquiera con un registro de los mismos, “estando normalizados como una parte del trabajo de las auxiliares”.
Las lesiones, el acoso moral y el acoso sexual suelen resolverse como en este caso: sustituyendo a la trabajadora accidentada o agredida por otra, sin siquiera advertir a la siguiente del riesgo al que está expuesta. Un relevo que en muchas ocasiones implica una reducción de contrato, “siendo la mujer agredida penalizada con una rebaja de salario después de haber sufrido una agresión”.
Al mismo tiempo, desde la CIG denuncian que las instituciones implicadas (Xunta de Galicia y Concellos) eluden sus responsabilidades, limitándose a exigir de la empresa el cumplimiento del servicio amparándose en la ley de dependencia, “como acaba de suceder en el Concello de Ponteareas, donde deniegan sistemáticamente medidas preventivas tan sencillas como la suspensión temporal de un servicio o que acudan dos auxiliares a los domicilios en los que hay un riesgo alto de agresión”.
Finalmente, desde la central sindical insisten en que el acoso sexual es una manifestación de discriminación y violencia hacia la mujer “que no se puede normalizar bajo ninguna circunstancia ni esconder tras la necesidad de atención a la dependencia, ni exponer las mujeres de un sector tan vulnerable a sufrir agresiones por su condición de mujeres y cuidadoras”.
