El Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclama la suspensión de la nueva licitación del transporte urbano de Vigo. El frente nacionalista viene de registrar una moción al Pleno, convocado para este próximo lunes, en la que demanda desistir del procedimiento abierto por el Gobierno de Caballero para la nueva concesión privatizada con el fin de “evitar una hipoteca de 9 años más con un servicio de bus insuficiente y deficiente”.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, defendió este viernes en rueda de prensa que “estamos a tiempo de evitar que se dilapide la gran oportunidad” con el final de la actual concesión de Vitrasa, basada en un pliego del año 1994 que calificó de “superado e incapaz de responder a los retos actuales de movilidad”.
Sin embargo, Igrexas tachó de “muy decepcionantes” las condiciones fijadas por el Gobierno municipal en la nueva licitación del transporte urbano. “Básicamente es más de lo mismo, pero con un coste económico mucho mayor”, criticó. Los pliegos del servicio mantienen el mismo número de autobuses que la actual flota, únicamente siendo actualizados por vehículos nuevos; el mismo cuadro de personal sin incrementos; y con un máximo de kilometraje que continuará por debajo de lo que se recorría antes de la pandemia.
Caballero ignora las demandas vecinales
“Con estos pliegos el propio Concello hace inviable, y demuestra que no tiene voluntad de mejorar el servicio de bus”, advirtió el portavoz municipal del BNG. Unas condiciones que, lamentó, ignoran las principales necesidades demandadas por los vecinos de mejorar frecuencias, líneas y puntualidad, como evidenció el estudio técnico encargado por el Concello, con un coste de casi 400.000 euros, como base para la licitación.
Desde el Bloque alertaron también que se desconocen las posibles modificaciones del mapa de líneas, ya que el informe no incluye una nueva modelización de las rutas ni tampoco la actualización de los cálculos de los tiempos de trayecto. “Un cambio largamente prometido por el actual Gobierno local desde hace más de 10 años y una demanda reiterada del movimiento vecinal, ante un diseño de líneas obsoleto, que todo apunta volverá a ser desatendida”, cuestionó Igrexas.
A pesar de la falta de mejoras, el contrato va a incrementar “de forma muy significativa” los costes de la prestación del servicio, y prevé también un aumento de la subvención municipal y de las tarifas, cuando el precio del billete en Vigo es ya el más caro de todas las ciudades gallegas con y sin bonificaciones. “Vamos a pagar más por el mismo servicio insuficiente y deficiente, pero con buses más nuevos”, subrayó el portavoz municipal nacionalista.
Remunicipalización y mejoras propuestas por el BNG
Para el BNG el camino para contar con un servicio de transporte urbano a la altura de la mayor ciudad de Galicia pasa por la remunicipalización del servicio de bus, a través de una empresa pública municipal; una medida que defienden también colectivos vecinales y sociales.
Igrexas señaló que esta alternativa ya fue aplicada con éxito por otras urbes, incluso con menos recursos que Vigo, y permitiría mejorar el servicio, garantizar su accesibilidad, reforzar la vertebración de la ciudad y avanzar hacia una movilidad menos dependiente del vehículo privado. Recordó que la reversión de los medios con el fin de la concesión, así como las condiciones económico-financieras del Concello, hacen “perfectamente viable” este proceso.
Un nuevo modelo que, a juicio del BNG, debe tener como principales ejes el diseño de un nuevo mapa de líneas que conecte mejor el conjunto de barrios y parroquias, el aumento de frecuencias (diurnas y nocturnas, de lunes a domingo) y mejores horarios, así como incluir una línea CERO, que una desde el barrio de Teis hasta Navia, y que permita conectar con el resto de líneas de bus. Además, proponen ampliar el billete de transferencia con la posibilidad de realizar hasta dos trasbordos gratuitos en un período de 60 minutos, mejorar la integración intermodal y reducir el precio del billete, incluyendo la gratuidad permanente para menores de 15 años, personas desempleadas y en situación de vulnerabilidad social.
De cara a definir el futuro del bus, el frente nacionalista demanda también en su moción que se convoque de forma urgente el Consejo Sectorial de Transportes del Concello de Vigo para dar cuenta de las conclusiones del estudio técnico para debatir y acordar “de manera participativa” las condiciones para el nuevo servicio de transporte urbano en la ciudad.
Recortes con Vitrasa
Desde el BNG consideran que la gestión privatizada del bus se demostró en los últimos años un “fracaso” ante lo que consideran un “deterioro progresivo del servicio” con incumplimientos reiterados del contrato, una caída evidente de la calidad y una conflictividad laboral constante ligada a la precarización del personal. “La falta de control efectivo por parte del Gobierno municipal frente a estos defectos evidencia de manera incontestable los límites de un modelo que no pone el interés público en el centro”, afeó.
Entre estas deficiencias, Igrexas hizo hincapié en el recorte de más de 250 frecuencias diarias aplicadas después de la pandemia, la supresión de líneas necesarias como la C2, N2, N3 o la de Personas con Movilidad Reducida, y la sustitución de las frecuencias fijas por un sistema variable que “genera incertidumbre y dificulta la planificación de los desplazamientos, y que en la práctica apenas sirve de coartada para alargar los tiempos de espera”.
El portavoz del Bloque manifestó que el resultado de estos cambios fue “esperas interminables y autobuses que llegan de manera acopiada a las paradas con largos períodos sin servicio”. Una realidad que, denunció, penaliza especialmente a las personas que dependen del transporte público para ir a trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.
En el mismo sentido, el frente nacionalista cuestionó el mal diseño del vigente mapa de líneas por “dejar mal comunicados” barrios y parroquias y dificultar el acceso a equipamientos estratégicos como hospitales, centros educativos, el campus universitario o los polígonos industriales. Y también por la falta de coordinación con otros transportes como las estaciones de tren y autobuses, el transporte marítimo o aeropuerto, y por una cobertura nocturna “claramente insuficiente”.
Moción de urgencia: El BNG exige el cese de la concejala de Seguridad imputada por el accidente del Saltamontes y una comisión de investigación en el Concello
El BNG viene de registrar una moción de urgencia al Pleno después de la imputación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, en relación con el accidente mortal del Saltamontes, el 3 agosto de 2024 en las fiestas de Matamá. Una decisión judicial que para el frente nacionalista “verifica la existencia de indicios sólidos de una eventual responsabilidad municipal” en relación a un control negligente, que la propia Fiscalía asume al señalar la inexistencia tanto de un protocolo municipal de inspecciones como también la falta de una instrucción clara que ordenara el precinto de la atracción, una vez constatado que no reunía las debidas condiciones de acuerdo a la normativa para su autorización.
Igrexas tachó este hecho de “gravísimo” por afectar de manera directa a una integrante del Gobierno municipal, por lo que “merece ser abordado por el máximo órgano del Concello”. El portavoz del Bloque en Vigo criticó además que 538 días después del trágico accidente no se habían dado aún “explicaciones suficientes ni se asumiera ninguna responsabilidad”, a pesar de las reiteradas solicitudes formuladas por la oposición.
Por estos motivos, el frente nacionalista reclama en la moción de urgencia el “cese inmediato” de la concejala de Seguridad y la creación de una Comisión Especial de Investigación que permita esclarecer las circunstancias del accidente, determinar las responsabilidades políticas y administrativas y analizar el funcionamiento de los servicios municipales implicados proponiendo, en detalle, medidas correctoras.
El Bloque demanda a ese respecto la elaboración urgente de un protocolo municipal de inspección, control y autorización de atracciones de feria e instalaciones similares, con procedimientos claros de actuación, criterios técnicos objetivos y mecanismos efectivos de control y precinto. Además, pide dotar a los servicios municipales del Área de Seguridad del Concello de los medios humanos y materiales necesarios.
“Los vecinos de Vigo tienen derecho a conocer toda la verdad de lo sucedido, a que se depuren todas las responsabilidades que correspondan y también a que se adopten las medidas necesarias para garantizar que un suceso de estas características no pueda volver a repetirse”, remachó Igrexas.
